Elaborado por el Órgano Garante de la Privacidad, el informe resaltó que las amenazas a la vida privada de las personas se han intensificado en los últimos tiempos.

Dijo que en 2012 hubo cuatro mil 183 reclamos de los ciudadanos, con 395 inspecciones y 578 sanciones por un total de tres millones 800 mil euros (unos cinco millones 044 mil dólares).

Se refirió, por ejemplo, a la agresividad del telemarketing, que usa ilegalmente los números telefónicos de los ciudadanos para intentar vender productos a toda hora del día.

También citó a las sociedades financieras que suelen conservar los datos personales después de haber cerrado su relación con los clientes.

Asimismo citó a las cámaras de video vigilancia en los puestos de trabajo, que no solamente son usadas por motivos de seguridad, sino también para monitorear a los propios trabajadores.

Reconoció que las violaciones a la privacidad de las personas pueden incluso estar vinculadas a la economía y al fisco, pues en 2012 el propio órgano autorizó a la Agencia de Ingresos tributarios indagar cuentas bancarias individuales para detectar posibles evasores.

Pero el informe se refirió sobre todo a las amenazas por internet e informó que ha abierto un recurso contra Google por la administración poco transparente de las nuevas reglas de privacidad.

Señaló que por un lado intenet tiene "potencialidades extraordinarias", pero que las grandes sociedades del web condicionan las decisiones de los usuarios y se han vuelto en intermediarios exclusivos entre productores y consumidores.

Al presentar el reporte en la Cámara de diputados, el titular del Órgano Garante de la Privacidad, Antonello Soro, declaró que no se puede permitir que los datos personales se conviertan en propiedad de las sociedades de la web que los recogen.

"En la época de la conexión se difunde el mito de la transparencia absoluta. Internet amplía el pedido de ser informados en nombre del principio de que nada debe escapar a la comunidad, pero no necesariamente transparencia total significa verdad y la reserva no siempre es pedida para esconder algo inconfesable", resaltó.

También dijo que no se puede tolerar la violencia verbal presente en la red y advirtió que en "muchos casos la opinión diversa se transforma en ofensa y la crítica llega al ultraje".

"La red no puede ser utilizada como canal de propagación de injurias, amenazas o vejaciones fundadas sobre la orientación de género o directas contra las mujeres o las minorías étnicas o religiosas", opinó.

Asimismo Soro anunció que en las próximas semanas se adoptará una normativa para buscar tutelar la privacidad en la divulgación de datos de indagaciones judiciales, comenzando por las interceptaciones telefónicas. Notimex