Aunque este reporte tiene que ver precisamente con el cumplimiento de las medidas asimétricas impuestas al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T, en lo sucesivo), América Móvil (Telmex y Telcel), basado en una interpretación muy particular, el IFT ha señalado que con estos reportes no se evalúa el cumplimiento efectivo de las medidas. En el caso de este informe, de la misma forma que lo hizo en informes anteriores, el IFT menciona que en lo general no detecta incumplimiento alguno de las medidas por parte del AEP-T.

De manera específica, en lo que concierne a las ofertas de referencia del AEP-T, llama la atención que en la opinión de varios de los competidores de este, dichas ofertas no han resultado efectivas para fomentar una competencia efectiva. Sus altos precios, complejidad de contratación e implementación se traducen en una incapacidad para alcanzar márgenes óptimos y precios razonables para los usuarios finales. Es un hecho que estas medidas no han podido ser utilizadas por los competidores del AEP-T, no porque haya falta de interés, sino simplemente porque utilizar esa infraestructura, lejos de representar la oportunidad de prestar un servicio y obtener una rentabilidad razonable, se traduce en algo prácticamente imposible para los operadores.

Respecto al uso de la infraestructura pasiva del AEP-T, se informa la celebración de tan sólo 13 convenios en el caso de la filial Telmex y 12 por Telnor, mientras que se contabilizan únicamente 5 para la prestación del servicio mayorista de arrendamiento de enlaces dedicados.

En el caso del acceso a las radiobases del AEP-T por parte de los competidores de este, resulta muy preocupante que a más de dos años de instrumentadas las medidas de preponderancia, los dos operadores móviles con infraestructura propia, solo hayan logrado acceso al 2.2% de las radiobases, en un caso, y a 0.2% en el otro. Es decir, la medida que permite el acceso a esas radiobases, prácticamente no tiene utilidad.

A la luz de estos apuntes y las opiniones de los operadores competidores, públicamente vertidas en la consulta pública sobre la efectividad de las medidas asimétricas impuestas al AEP-T, no se ha alcanzado su plena eficacia, a pesar de su aparente y señalado cumplimiento.

Ello es en parte porque el IFT no ha logrado encontrar la forma de modificar la tradicional conducta del AEP-T, que hace como que cumple con las obligaciones que se le imponen, las cumple a destiempo o las cumple en los términos que le convienen, que no son los términos que establecen las obligaciones, lo que significa que no las cumple en forma efectiva. Es la misma forma en la que ha actuado desde la apertura a la competencia en el sector telecomunicaciones, ahora con un marco legal más complejo, pero con el que el AEP-T rápidamente ha aprendido a convivir.

En repetidas ocasiones el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) ha dado cuenta de los avances en materia de competencia efectiva y renivelación del terreno competitivo entre operadores, que aún están alejados de lo que podría lograrse con el nuevo marco constitucional y legal que regula al sector telecomunicaciones. Para empezar, hoy, la estructura del sector telecomunicaciones sigue siendo prácticamente igual a la que había cuando se instrumentaron las medidas.

La inconsistencia entre lo que se informa en estos reportes de cumplimiento y los diversos señalamientos hechos por los distintos operadores que participaron en la consulta sobre las medidas de preponderancia, sobre la falta de supervisión efectiva por parte del IFT, habla de la necesidad imperiosa de que el IFT modifique su visión sobre el alcance y rigor con el que se elaboran estos reportes.

El IDET hace votos para que por el bien del sector y con el objeto de que se logren verdaderas condiciones de competencia efectiva para mejorar aún más el bienestar de los usuarios, el IFT reconozca la importancia de introducir cambios en la forma en la que evalúa los avances en la efectividad de sus medidas regulatorias y la forma en que valora la opinión sobre ellas de operadores y otro tipo de actores, como son los académicos y los de especialistas. De no modificar este enfoque, el AEP-T seguirá siendo capaz de hacer creer al órgano regulador que sí cumple con sus obligaciones, lo que no es bueno para el futuro del sector.

Redacción C21