La fracción XI, del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos que se pretende derogar, establece desde el 2004, el cobro de un derecho por el uso o goce de postes, torres o ductos, o bienes similares, propiedad de organismos públicos descentralizados, para la instalación de cableado de redes de telecomunicaciones.

Como consecuencia de lo anterior, la Iniciativa pretende que sea la Comisión Reguladora de Energía quien emita las disposiciones necesarias para que, a cambio de una “remuneración justa”, se permita el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional.

Para el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es notorio que la certeza jurídica que desde hace muchos años y hasta el día de hoy, brinda la Ley Federal de Derechos a los operadores de telecomunicaciones que buscan acceder a la red de postes, torres, ductos o registros del Estado Mexicano, ha contribuido de manera satisfactoria al despliegue de redes de telecomunicaciones, útiles para el ofrecimiento de mayores servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. El cambio propuesto, altera el ambiente de certeza que hasta ahora existía, al involucrar la actuación de una nueva autoridad sin que exista claridad sobre los objetivos y criterios que guiarán su actuación, un aspecto que no ocurre hoy en día con la consistencia que ha venido reflejándose en la Ley Federal de Derechos.

De igual forma, el IDET considera que no pueden pasarse por alto los principales objetivos de la reforma constitucional de telecomunicaciones, dentro de los que se encuentra la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de la banda ancha e internet, a que se refiere el artículo 6° de nuestra Carta Magna.

En razón de lo anterior, para el IDET, una modificación al esquema o a los montos vigentes por el uso de los postes, torres o ductos de la Comisión Federal de Electricidad, puede generar un impacto negativo y significativo en el sector de telecomunicaciones en México.

Sin duda, inhibirá el despliegue de redes de telecomunicaciones por parte de nuevos operadores o el crecimiento de las redes de los operadores existentes. Asimismo, repercutirá en incrementos en los precios de los servicios de telecomunicaciones, como consecuencia de las nuevas tarifas por el uso de la infraestructura pública o, en su defecto, por los gastos en que tendrían que incurrir los operadores para duplicar infraestructura de manera innecesaria. Todo ello, sin duda, en perjuicio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Finalmente, para el IDET no resulta de menor relevancia el hecho de que la modificación propuesta en el Paquete Económico 2017, atenta en contra de todos los operadores de telecomunicaciones que intentan competir en diversidad, precio y calidad con el agente económico preponderante en telecomunicaciones, quien continúa controlando alrededor del 70% del mercado y que no resultaría afectado por la reforma en comento, en virtud de la infraestructura de postería con la que cuenta en el territorio nacional, cuyos derechos de paso datan, en la mayor parte de los casos, desde el año 1990 cuando se privatizó la empresa. Sin duda, esto es contrario a la promoción de una competencia efectiva en el sector, ordenada en la reforma constitucional de telecomunicaciones.

Por todo lo anterior, de la misma manera que lo hizo la CANIETI, el IDET hace un atento llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para que no se derogue la fracción XI, del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos.

Redacción C21