La tecnología constituye el motor inmóvil de esta revolución de la conectividad. Por su parte, el mercado comprendido por la oferta y la demanda, se encarga de la provisión de los diferentes servicios de telecomunicaciones a los usuarios, ya sea de manera empaquetada gracias a la convergencia tecnológica o bien por separado. 

Finalmente pero no menos importante, la regulación sienta las bases para la gestación de la competencia en este sector que, en ausencia de intervención alguna, tiende a la concentración absoluta. No está de más decir que dicha competencia es el mejor medio para la maximización del bienestar del consumidor, en términos de una oferta de servicios de calidad, a precios competitivos y con la mayor cobertura posible.

Si sabemos que en México usamos la misma tecnología que en el resto del mundo, operada por los mismos operadores del resto del mundo, la pregunta es por qué padecemos limitada cobertura, deficiente calidad y precios que distan de ser competitivos y accesibles.

La limitada aplicación regulatoria es la respuesta, así como la pasada experiencia de captura regulatoria; es decir, autoridades y órganos reguladores sobre influenciados por el operador dominante (fijo y móvil, que en México es el mismo).

¿Necesitamos una reforma en telecomunicaciones?

Cabe aquí formular la pregunta, si necesitamos un ajuste en el marco regulatorio que rige a las telecomunicaciones actualmente.

Y la respuesta es categórica, definitivamente la necesitamos y con sentido de urgencia.

¿Pero significa esto que debemos desechar todo el marco legal y cambiar en su totalidad las leyes vigentes y construir un nuevo corpus institucional? No necesariamente, lo que es definitivamente apremiante es fortalecer el órgano regulador con las atribuciones faltantes, y la erradicación de incertidumbre que resulta de la doble ventanilla.

¿En dónde estamos parados en cuanto a la reforma?

Es un suceso sin precedentes que integrantes de todos los partidos políticos, instituciones y diversas comisiones, preocupados por mejorar el funcionamiento del mercado, sitúen a las telecomunicaciones como prioridad en el centro de sus agendas públicas.

A la fecha es factible contar más de una decena de iniciativas en los cuerpos legislativos del país, más las que se sigan acumulando.

Buscar la competencia ha sido una preocupación recurrente, aunque sin necesariamente seguir las mejores prácticas internacionales para su consecución (al menos eso nos apunta reiteradamente la OCDE).

Interconexión es el otro eslabón clave y reiterado en estas propuestas, porque sin interconexión efectiva, oportuna y a costos de recuperación, no podemos ni especular con una competencia efectiva.

Menos aún son las personas o instituciones que logran desmarcarse de la captura para proponer declaratorias y regulación efectiva de la dominancia, con sus correspondientes sanciones.

Pero lo que prácticamente la totalidad de iniciativas pierde, es el foco de que todo lo anterior son medios y no fines en toda esta compleja operación. El fin es, indudablemente, la maximización del bienestar del consumidor, así como los mecanismos para garantizarlo y, en su defecto, sancionar de manera correspondiente.

Decidamos entonces cuáles son las iniciativas que mejor promueven este objetivo y no tardemos más en generar por primera vez un cambio verdadero en las telecomunicaciones mexicanas, por y para los consumidores. Redacción C21