Reiteradamente mencionamos que el sector de las TIC se ha convertido en un factor clave para el desarrollo económico debido a que juega un papel vital para el desempeño de la economía nacional.

Sin embargo, México no ha logrado incorporar y aprovechar los beneficios que las TIC brindan a toda la estructura económica, viéndose reflejado en una pérdida de competitividad año con año. El potencial sobre la generación de empleo, crecimiento económico, salud, educación, entre otros, es innegable, pero queda ampliamente desaprovechado.

Es claro que México es uno de los países con menor inversión  pública en TIC de entre los países que conforman la OCDE. Únicamente Turquía se encuentra por debajo en este comparativo; es importante notar que el monto para México es casi tres veces menor que el promedio de la Organización y se ha mantenido así durante ya varios años a pesar de la creciente importancia que ha adquirido el sector en términos de productividad y crecimiento económico.

En primer lugar, en materia de la política fiscal, es necesario analizar los efectos de dicha política en el sector de las TIC con el fin de evitar que impuestos, derechos e incentivos no afecten el desarrollo de la industria. Tal es el caso del IEPS, que al gravar  los servicios de telecomunicaciones por considerarlos de lujo impide el acceso a los mexicanos de menos recursos.

En segundo lugar, en materia de gasto, resulta relevante alinear esfuerzos, presupuestos y programas de forma más coordinada y puntual, conociendo los requerimientos presupuestales que permitan desarrollar  de forma integral al sector, de forma que contribuya con mayor eficiencia, eficacia y economía al avance de las TIC.

Entonces, es necesario contar con una Política Fiscal Integral para las Telecomunicaciones y las tecnologías de la Información, enfocada al fomento y apoyo de un sector económico o social de destacada importancia, con el fin de tener un impacto positivo sobre la vida de los ciudadanos.

Ya que derivado de una política fiscal eficiente, que a través de un presupuesto alineado con los objetivos específicos de una Política Pública para las TIC, fomente la expansión de la cobertura, mejore la distribución de infraestructura en el país, además de promover la adopción de los servicios a través de una educación digital e incluyente, será posible para todos los mexicanos alcanzar la derrama productiva que este sector aporta a la economía nacional.

Por todo ello, necesitamos imprimir un sentido de urgencia a la formulación de una política fiscal integral para las TIC, que facilite contar con un marco jurídico que garantice la transversalidad del aprovechamiento de los efectos del sector y oriente una política de Estado donde las TIC se ubiquen en el centro de los esfuerzos presupuestales con el fin de mejorar el crecimiento económico y el bienestar social, es decir, el desarrollo económico integral del país. Ernesto Piedras / Diana Fernández del Campo