Esta tendencia es innegable y se observa en muchos países como una estrategia de gestión de riesgos financieros de los operadores de telecomunicaciones, señaló el funcionario del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

"Si analizamos los riesgos a los que tiene que confrontarse un operador en el mercado para desplegar y comercializar una red, tenemos que el espectro no siempre es el que se necesita y al precio que se requiere, aunado a los costos y el tiempo asociado para la colocación de torres y la elección de la tecnología de acceso adecuada".

Refirió que agregar un usuario nuevo a una red móvil cuesta por lo menos 150 dólares, por lo que si se quieren añadir 30 millones de usuarios a una red es necesario pensar en tres mil 600 millones de dólares de inversión.

En opinión de Lucatero, la red compartida mayorista de servicios que plantea la reforma en telecomunicaciones es una forma novedosa para impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha.

"Con o sin empujoncitos regulatorios, el mundo está apuntando a un cambio de paradigma, se necesita compartir infraestructura para poder llevar muchos megabits por segundo a más personas".

Si se quiere llevar 100, 200 o 400 megabits por segundo por sitio, enfatizó, la única manera de hacerlo es compartir infraestructura para competir a través de los servicios, lo cual implica que el contenido será la verdadera fuente de ingresos de la televisión y de la conectividad del futuro.

"Si conectamos a todos los mexicanos tendremos 115 millones de clientes a quienes se les puede dar contenido, se puede generar cohesión social, educación, salud y otros servicios".

La reforma en telecomunicaciones, que entró en vigor el pasado 12 de junio, establece la creación de una red pública compartida de servicios inalámbricos al mayoreo que impulsará el acceso de la población a servicios de banda ancha.

Esta infraestructura contempla el aprovechamiento de los 90 Megahertz (Mhz) de la banda de 700 Mhz, de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de cualquier otro activo del Estado que le sea útil.

La red, cuya instalación deberá iniciar antes de concluir 2014, estará en operación antes de que finalice el 2018 y podrá contemplar inversión pública o privada, además de que asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red. Notimex