Ciudad de México. La capacidad innovadora y tecnológica de un país se refleja en la cantidad de patentes que se registran en sus instituciones. En el caso de México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta institución registra entre 8,000 y 10,000 patentes al año, sin embargo, el 90% son de extranjeros.
En este marco, se publicó de manera oficial la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPPI”), la cual introduce cambios relevantes que impactan directamente la manera en que las empresas protegen, gestionan y explotan sus activos intangibles en México.
“Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de plazos máximos de resolución que buscan avanzar hacia un sistema más moderno y eficiente. Sumado a ello, se incorporan elementos relacionados con el uso de inteligencia artificial y se reduce la incertidumbre jurídica”, destaca Lídia Velázquez, Of Counsel en Pérez Correa González. “Es importante que los titulares de una patente se planteen los retos operativos y estratégicos de la reforma, pues los registros deben convertirse en una ventaja competitiva frente a terceros”.
Para las empresas, el impacto de la reforma se concentra en tres frentes: mayor previsibilidad en los procesos, nuevos retos frente al uso de inteligencia artificial y una gestión más activa de sus activos intangibles.
Agilidad en procesos
Antes, obtener una patente en México podía tomar varios años sin un plazo claro de resolución, lo que generaba incertidumbre para empresas e inversionistas. En algunos casos, estos procesos podían extenderse por más de cinco años. Con la reforma, los tiempos se acotan hasta cuatro años para patentes y modelos de utilidad, y hasta dos años para diseños industriales, lo que permite mayor previsibilidad en la planeación de proyectos y estrategias de innovación.
Además, se incorpora la figura de publicación anticipada, que permite hacer pública una solicitud antes de su concesión en circunstancias específicas. Este mecanismo acelera la protección frente a terceros, pero también implica que las empresas deberán definir con mayor cuidado el momento en que revelan información técnica, pues podría generar exposición frente a competidores.
Foco en IA
El uso creciente de inteligencia artificial también se refleja en la reforma, al introducir elementos que impactan la forma en que se crean, protegen y explotan los activos intangibles. En este contexto, las empresas tecnológicas y creativas deberán revisar sus modelos de negocio y estrategias de protección, especialmente en proyectos que involucren esta tecnología.
“Aunque el desarrollo regulatorio en materia de inteligencia artificial aún es incipiente, el punto crítico está en las posibles infracciones vinculadas a la titularidad de invenciones generadas con IA, la responsabilidad por el uso indebido de estas tecnologías y la protección frente a nuevas formas de explotación de activos intangibles”, explica la experta de la firma legal.
Patentes como activos de negocio
En la práctica, esta reforma exige un cambio estratégico: pasar de una lógica de acumulación de registros a una gestión activa del portafolio de propiedad industrial. En este sentido, las empresas deberán replantear la forma en que administran sus patentes, marcas y desarrollos tecnológicos, no solo para protegerlos, sino también para maximizar su valor a través de licencias, transferencia tecnológica y modelos de negocio basados en innovación.
Este cambio es particularmente relevante en sectores intensivos en conocimiento, donde la propiedad industrial deja de ser un elemento meramente defensivo y se convierte en una herramienta clave para generar ingresos, atraer inversión y consolidar ventajas competitivas en el mercado. En economías desarrolladas, hasta el 90% del valor de las empresas proviene de activos intangibles, lo que refuerza la importancia de gestionarlos de manera estratégica.
“Aún hay camino por recorrer en áreas donde México es un gran referente comercial, como las franquicias. También será clave avanzar en temas como las patentes verdes, la evolución de los modelos de negocio y la reducción del rezago en los tiempos de respuesta de los procedimientos administrativos ante el IMPI, incluyendo nulidades, caducidades e infracciones en materia de propiedad industrial”, concluye.
La reforma marca un paso relevante para modernizar el sistema de propiedad industrial en México, pero su impacto dependerá de cómo se implemente frente a retos como los tiempos de respuesta, la gestión de derechos y la explotación estratégica de activos intangibles. Para las empresas, el desafío será convertir este nuevo marco en una ventaja competitiva real.
Redacción C21