Las empresas digitales a través de la vocera y Directora de ALAI, Sissi de la Peña, dejaron claro que sí están dispuestas a colaborar en el gravamen de los productos digitales correspondientes, sin embargo existen cinco componentes a los que habrá que atender con mayor detalle:
i) un sistema simplificado al actualmente propuesto por la SHCP con el mínimo de información que sea indispensable para proveer al fisco,
ii) mayor periodo de implementación a fin de asegurar el éxito de la iniciativa,
iii) el costo para los ciudadanos y responsabilidad de las empresas, iv) la inconsistencia con los principios de los acuerdos internacionales y por último
v) la incorporación en la actual propuesta de una sanción desproporcionada.
ALAI destacó que siguiendo los principios que recomendados por organizaciones internacionales se solicita un registro simplificado de las plataformas y el mínimo de información que sea indispensable para proveer al fisco.
Con respecto al tiempo de implementación, ALAI mencionó que los tiempos de implementación son poco realistas. Si se considera que ya las grandes plataformas que cuentan con infraestructura necesaria y capital humano para atender las peticiones del Paquete Económico han señalado que los tiempos de implementación son limitados, el impacto para los pequeños empresarios del ecosistema digital será considerable, porque no tendrán la capacidad para cubrir el
trabajo técnico para garantizar que los sistemas de facturación funcionen adecuadamente.
Como referencia, se dió a conocer que en Colombia la implementación de la regulación tuvo como duración más de un año y medio, con requerimientos menores que los que incluye la iniciativa presentada en México.
Sobre el impacto de los impuestos en los pequeños comerciantes de plataformas como Mercado Libre, Alehira Orozco, Directora de Políticas Públicas de esta empres resaltó que hoy “la propuesta considera el cobro del ISR calculadas sobre el costo del bien o servicio y no sobre ganancias, como debe ser calculado, lo cual estaría generando retenciones excesivas que se traducirán en una reducción de las ganancias netas que obtienen a través de las plataformas,; esto aunado a un gran número de solicitudes de devolución por saldos a favor ante el SAT; incentivando así el trasladarse a la informalidad”.
En lo que se refiere a la retención, Jorge Balderrama, Gerente de Políticas Públicas de Airbnb mencionó que “la responsabilidad que se da a las empresas de cobrar y hacer el pago de los respectivos impuestos también puede generar un incremento en la economía informal. Una persona va a preferir pagar todo en efectivo y hacer transacciones tradicionales, que en vez de usar las plataformas digitales”.
Otro de los puntos relevantes fue la diferenciación de la iniciativa fiscal presentada en México con los principios recomendados por organismos internacionales. Aquí, Luis González del Despacho Sánchez-Devvany, y quién fue Delegado de México en el Grupo de Trabajo 9 “Impuestos al Consumo” de la OCDE durante el sexenio anterior, mencionó que “la propuesta de la SHCP presenta diferencias significativas con los sistemas ya implementados en otros países, que si se alinean a los principìos recomendados por la OECD, lo que puede generar una carga administrativa excesiva y la afectación al desarrollo digital en México”.
Lo miembros de la sociedad civil también sumaron sus voces, específicamente en lo que respecta a las sanciones y la libertad de expresión. “La sociedad está a favor que las empresas paguen impuestos, pero no con las sanciones excesivas como la Desconexión de Internet que atenta a la libertad de expresión”, mencionó Grecia Macias de R3D.
Al respecto Google, a través de su vocera Lina Ornelas, Directora de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos de Google México, recalcó que “las sanciones en caso de no cumplir son desproporcionadas al darle la facultad a una autoridad en sede administrativa como lo es el SAT, de ordenar a los ISP’s o proveedores de servicios de Internet para llevar a cabo la Desconexión de Internet de aplicaciones o servicios, emprendimientos y plataformas que no cumplan en tiempo y forma con lo solicitado por la SHCP; añadiendo que “para un país con nivel medio a alto de conectividad como México, se estima un impacto económico de pérdida de entre 1% y 1.9% del PIB por cada día desconectado, equivalente a entre 6.6 millones de dólares y 23.6 millones de dólares por cada 10 millones de habitantes diarios.
Además para el caso de México, NetBlocks e Internet Society con su herramienta COST calculan que el costo por día de tener bloqueos temporales en el país ascendería a 336 millones de dólares, o 6,435 millones de pesos mexicanos diarios .
ALAI y las empresas que la integran, recalcaron que han colaborado con la SHCP en esta tarea, pero consideran que el diálogo no se ha agotado y hay mucho más por discutir. “Estamos convencidos que es posible sumar esfuerzos en este nuevo capítulo para México. Las empresas que nacieron en internet son dinámicas y han aprendido a adaptarse al cambio de forma permanente”, concluyó ALAI.
Redacción C21