"Mucho más puede y debe hacerse para garantizar la confianza en la seguridad de las comunicaciones de todo el mundo", dijo La Rue en un comunicado.

Destacó que la resolución reconoce la necesidad de que los Estados revisen sus propias leyes y prácticas con respecto a la vigilancia de las comunicaciones.

Además de establecer mecanismos de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las iniciativas de vigilancia, tak como La Rue recomendó en su reciente informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Las recientes revelaciones sobre la vigilancia generalizada son señales alarmantes de las múltiples violaciones a la privacidad gracias a las nuevas tecnologías", apuntó.

"Si los Estados están verdaderamente comprometidos a asegurar que todos los derechos que se aplican en la realidad siguen siendo válidas en el mundo virtual, se necesita con urgencia tomar medidas concretas para garantizar el respeto a la privacidad de las comunicaciones como un derecho universal de todo el mundo y no sólo dentro de sus propias fronteras" , agregó.

"Las leyes nacionales que regulan la participación del Estado en la vigilancia de las comunicaciones son en su mayoría insuficientes o simplemente no existen", sostuvo el experto.

"Para demostrar su compromiso de proteger la privacidad y para garantizar que las personas puedan comunicarse libremente, los Estados pueden comenzar por revisar inmediatamente sus propias leyes".

Así como el papel del poder judicial, a fin de corregir graves lagunas que existen en la mayoría de los marcos jurídicos nacionales, agregó.

La Rue destacó que la vigilancia de las comunicaciones no debe llevarse a cabo sin un control judicial independiente, a pesar de que podría ser excepcionalmente necesario para controlar las comunicaciones con el fin de responder a la actividad criminal o amenazas a la seguridad nacional.

Los parlamentos también deben desempeñar un papel importante a través de la revisión sistemática de la labor de las entidades de seguridad e inteligencia, apuntó.

"La vigilancia indiscriminada nunca debe ser legal", enfatizó.

"Las normas internacionales exigen que cualquier interferencia con los derechos humanos se considera sobre una base de caso por caso en los que un tribunal sopesa la proporcionalidad de los beneficios que se pueden obtener contra el daño que puede hacer", valoró.

Para el Relator Especial, a pesar de los cambios tecnológicos, no se necesitan nuevos instrumentos jurídicos internacionales.

"La privacidad es un derecho humano reconocido. Durante décadas se ha producido una sólida comprensión de que la privacidad de los servicios postales debe ser respetada por todos los Estados", ejemplificó.

"Por lo tanto, no existen razones para cuestionar las garantías existentes para la privacidad en las comunicaciones telefónicas o de Internet ", concluyó. Notimex