Con 620 votos a favor, 27 en contra y 35 abstenciones, los eurodiputados han ratificado el texto que ya había sido acordado con los gobiernos de los 27 Estados miembros de la UE el pasado 30 de junio.

La nueva directiva determina que sólo un 30 por ciento de las bonificaciones a los banqueros podrán pagarse en efectivo -20 por ciento en el caso de las más elevadas -, y al menos la mitad deberá ser abonada como acciones o capital al que el banco pueda recurrir en caso de dificultades.

Entre el 40 y 60 por ciento de las primas deberán ser pagos tras un periodo de por lo menos tres años y los bancos podrán recuperarlas en caso de que las inversiones no tengan los resultados esperados.

De esa manera las bonificaciones quedan sometidas a los resultados a largo plazo alcanzados por los corredores, lo que debería prevenir la toma de riesgos excesivos.

“Una cultura de primas de alto riesgo y a corto plazo daña la economía y son los contribuyentes los que terminan por pagar”, argumentó la diputada socialista británica Arlene McCarthy, ponente del acuerdo por el PE.

Asimismo, el monto de los bonos deberá ser limitado por las entidades llevando en cuenta el salario de los beneficiados y siguiendo orientaciones a nivel europeo.

El acuerdo también cubre los pagos en forma de fondo de pensiones, cuyos valores finales deberán estar sujetos a la salud del banco, a fin de evitar que los directivos sean beneficiados con pensiones millonarias aunque cuando se retiran tras llevar un banco a la bancarrota.

Al mismo tiempo, la nueva directiva introduce limitaciones específicas para los bancos rescatados con fondos públicos y determina que su prioridad debe ser la restitución del dinero prestado por los contribuyentes.

Las entidades deberán, además, respetar requisitos de capital más estrictos a fin de garantizar que disponen de liquidez.

En paralelo, la Eurocámara decidió aplazar la votación sobre el nuevo sistema europeo de supervisión financiera, con el objetivo de seguir negociando con los 27 la adopción de normas más estrictas que las propuestas actualmente.

La decisión contó con el apoyo del comisario europeo de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, quien dijo confiar que “con algo más de tiempo” los gobiernos de muchos países de la mancomunidad terminen por aceptar las reglas más duras solicitadas por el PE.

La mayor divergencia dice respeto al poder que se dará a las nuevas autoridades de supervisión europeas previstas en el sistema, que un grupo de países, liderado por Reino Unido, quieren minimizar.

La expectativa es que el acuerdo pueda ser ratificado en septiembre para que el sistema entre en vigor en enero próximo. Notimex